La violencia vicaria amenaza a otros 1.500 niños en España

Un nuevo caso de infanticidio por violencia de género ocurrió en España este martes. Partió de la misma situación que otros anteriores: una mujer termina la relación con su pareja. Tarde o temprano, el hombre, para hacerle daño, ataca lo más débil e indefenso. En el caso de una pedanía de Murcia, el criminal recogió a la niña de cinco años en su colegio y la envenenó con pastillas. «No avanzamos nada en la protección de los menores», reclama Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna. «Cada historia es distinta, pero el patrón se repite una y otra vez. Son hombres que pasan del 'voy a por ti' al 'voy a por los niños'. Narcisistas, que necesitan demostrar que tienen el control y el dominio».

Desde el año 2013, según datos de la Delegación de Gobierno, 63 menores han sido víctimas de la violencia vicaria, incluido el caso de esta semana. «El máximo daño posible de castigar a una madre es matando a sus hijos, para que muera en vida, para que no tenga posibilidad de rehacer su vida de ninguna de las maneras», sostuvo Teresa Peramato, fiscal de la Sala Penal del Tribunal Supremo y ex fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, en la jornada Stop Violencia Vicaria.

Los niños asesinados son la punta visible de una realidad más extendida. Hay unos 1.500 que están en riesgo de violencia vicaria, según un conteo hasta diciembre de 2023 (exactamente 1.448 en el último informe disponible). «Niños y niñas que están en riesgo de ser agredidos», mantiene la magistrada Isabel Giménez, experta en igualdad y protección de menores, en el mismo foro, celebrado en la Universidad Isabel I. «Pero hay más, con miedo a denunciar porque temen no ser creídos, porque a la sociedad le repugna escuchar que se les agrede en el entorno donde tienen que ser protegidos».

La cuestión de fondo, asegura Álvarez, está en que las leyes «no están bien y el Poder Judicial se va por la tangente». «Ahora el Ministerio de Juventud e Infancia tiene trabajando a un grupo de expertas para reformar otra vez la 'Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia' (aprobada en 2021), porque tiene agujeros negros que dan a los jueces y abogados margen para revincular a los niños a los maltratadores», advierte. «Está todo contaminado y se tapa al abusador».

Las grietas también están en la aplicación de la ley. «Tenemos una falta de formación en todos los sectores y hay que reconocerlo», mantiene Rosa Guiralt, fiscal del Tribunal Supremo, en su ponencia 'Violencia institucional y patriarcado: la desprotección de los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género'. «No la tiene la Fiscalía, ni los jueces; tampoco los médicos, que son los primeros en entrar en contacto. Ni los servicios sociales, ni los maestros, ni la policía».

También hay grietas en el trabajo de campo. «Si la víctima no nos da pruebas, pues hay que buscarlas. No quedarse solamente con la declaración de él y de ella», prosigue Guiralt. «Y tampoco tenemos una buena coordinación entre las instituciones, que es fundamental». Álvarez, también vicepresidenta de la recién creada asociación Stop Violencia Vicaria, lanza otra alerta: «Se está normalizando la violencia contra mujeres y niños, porque la gente ya ni se asombra con los nuevos casos. Es una normalización por costumbre social y representa un peligro».

Entre las medidas que intentan frenar estos asesinatos de niños está la orden dada a los fiscales de que «la regla general tiene que ser la suspensión del régimen de visitas (del padre maltratador). Las orientaciones que se han dado a los fiscales es que integremos un canon reforzado de diligencia en la investigación para poder detectar todos los indicios y poner en marcha todas las herramientas para proteger a adecuadamente a los niños, y evitar llegar a las consecuencias de la violencia de vicaria extrema».

En esos casos, «tenemos otra víctima, la madre que sobrevive, que malvive en esa supervivencia, la situación más dolorosa a la que se puede enfrentar una mujer, el asesinato de sus propios hijos. Tenemos que garantizar no solamente su protección respecto del agresor que va a ingresar en prisión, y además evitar cualquier tipo de comunicación que pueda hacerle todavía más daño. Tendremos que protegerla para que haga efectivo su derecho a la reparación. No sólo a la indemnización del daño moral, también del daño social. Tenemos mucho por hacer», reconoce Peramato. El asesinato de niños para dañar a las madres no cesa.

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