Gobierno y PP, al albur de los golpes de Trump

En el Ejecutivo admiten que la noticia de que Trump pulsaba el botón de pausa para negociar produjo un alivio inmediato que se vio reflejado en las bolsas de todo el mundo. Sin embargo, sostienen que ni la UE ni España (de manera más indirecta que directa) han abandonado la zona de riesgo. Y no solo porque el arancel del 10% previamente impuesto y los gravámenes del 25% al acero, al aluminio y a los automóviles no han sido retirados, sino porque consideran que el comportamiento del presidente norteamericano es tan poco fiable como imprevisible y nada garantiza que las negociaciones vayan a llegar a buen puerto. «Hay que ser prudentes», dicen.

Esa es la razón por la que, frente a las críticas de los populares y la cruda advertencia del secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el Gobierno niega la falta de oportunidad del viaje que el presidente Sánchez ha realizado esta semana a China –gran adversario comercial de EE UU–, el tercero desde marzo de 2023. Los socialistas defienden que, pese al riesgo evidente que supone que el gigante asiático inunde Europa con los productos que no pueda colocar a los estadounidenses, la política de la Casa Blanca hace prioritario ahora ampliar mercados. Insisten en que esa es la posición de toda la UE. Y se rebelan: «Estados Unidos no nos va a decir dónde podemos viajar».

La misma falta de certezas obliga también, afirman los socialistas, a no aparcar la interlocución abierta con todos los partidos políticos y con las comunidades autónomas. Pero para el Ejecutivo –que presume de haber sido el primer socio de la UE en tener listo un paquete de medidas pese a no ser el más afectado–, lo urgente es que el Congreso convalide el real decreto ley que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, compartió con el conjunto del arco parlamentario salvo Vox y que accedió a retocar para satisfacer algunas de sus demandas, (incluidas varias del PP) antes de su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado martes. Aun así, el primer partido de la oposición está más cerca hoy de votar en contra que a favor, pese a la buena sintonía entre Cuerpo y su par negociador, Juan Bravo, vicesecretario popular de Economía.

Los conservadores dicen haberse sentido «engañados» por el Ejecutivo porque ha pactado en paralelo con Junts una disposición adicional en el real decreto por el que el 25% de los fondos movilizados irían para Cataluña, en consonancia con el peso de las empresas catalanas en las exportaciones a EE UU, según la versión de los de Carles Puigdemont y que el Gobierno niega. Un apartado que no estaba contenido en el borrador inicial que recibió el PP el domingo por la noche porque se pactó después. Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo aseguran que, una vez incluida, no se les trasladó la literalidad del mismo y que solo pudieron advertir los cambios una vez aprobado en el Consejo de Ministros. «El Gobierno no ha sido leal con su interlocutor», se quejan en la dirección de los populares.

Pese a la desconfianza, en el partido garantizan que seguirán descolgando el teléfono si Cuerpo busca un acercamiento. La negociación se ha enfriado, pero los puentes siguen siendo transitables. Aunque el PP avisa de que no se volverá a sentar a la mesa si antes el ministro no ha desmentido «de forma clara» lo dicho por Junts. Y fía la posibilidad de acuerdo a que el Ejecutivo acabe aceptando alguna de sus propuestas antes de que el decreto llegue al Congreso en mayo. Los populares reclaman una bajada de impuestos y cotizaciones sociales, además de un plan a largo plazo que vaya a los «problemas estructurales» con medidas que refuercen la competitividad de las empresas y la industria, en especial respecto a los precios de la electricidad. Quieren, además, mantener abiertas las centrales nucleares. «Si no acepta nada de lo que le hemos propuesto, no le vamos a apoyar el real decreto», aseveran en la cúpula.

El Gobierno pone en duda que Feijóo se atreva a votar realmente en contra del real decreto ley. «¡Vamos, sería un regalo!», avanzan, convencidos de que le penalizaría a ojos de la ciudadanía. Pero lo que cada vez se torna más complicado es que en los tres meses en los que siga en vigor la pausa de Trump puedan pactarse más medidas urgentes.

Los socialistas atribuyen la posición del PP a las presiones del ala dura de su formación y a la dependencia de Vox. Pero lo cierto que es tampoco ellos están dispuestos a hacer a los populares concesiones que puedan indisponerles con las fuerzas que apoyaron la investidura de Sánchez: la misma razón por la que no se plantea llevar a la Cámara un aumento del gasto militar que solo tendría el apoyo de la derecha. Fuentes de Economía aseguran que en la negociación de una «respuesta de país» al 'shock' arancelario no tienen intención de ser «dogmáticos». Pero el ala política del Gobierno sí pone dos líneas rojas: no a rebajas fiscales y nada de ampliar la vida de las centrales nucleares.