La Comisión Europea ha evitado pronunciarse este martes sobre la proposición de ley para modificar la acusación popular en España -la conocida como 'ley Begoña'- ... y asegura que esperará a su aprobación para emitir una valoración. «La Comisión sólo podrá emitir una valoración definitiva, basándose en la ley final», ha asegurado el director general adjunto del departamento de Justicia del Ejecutivo comunitario, Florian Geyer, en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, donde PP y Vox han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de erosionar el sistema judicial y querer «proteger» a su entorno.
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Los equipos técnicos de Bruselas están elaborando el informe sobre el Estado de Derecho, que se publicará en verano, y «habrá que ver» en qué punto se encuentra la proposición de ley para entonces, ha apuntado Geyer.
El Partido Popular (PP) ha elevado la 'ley Begoña' al Parlamento Europeo con un debate en el que han participado varios jueces y un periodista y han denunciado la «preocupante deriva autoritaria» que a su juicio se vive en España. El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido ha lamentado el «atropello» a la Justicia que está llevando a cabo el PSOE con este proyecto de ley.
«No ocurre por casualidad. Tiene nombres y apellidos », ha criticado Zoido, quien ha subrayado la «huída hacia delante» de Sánchez ante las causas abiertas por corrupción contra su mujer, Begoña Gómez, su hermano, el exministro de Transportes, José Luís Ábalos, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La vicepresidenta portavoz del grupo de los Populares europeos (PPE), Dolors Montserrat, ha añadido que la reforma supone «un asalto contra la democracia».
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El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, también ha defendido la figura de la acusación popular y ha denunciado que la norma sólo busca «la impunidad» del entorno del presidente español.
Frente a estas críticas, el eurodiputado socialista, Nacho Sánchez Amor, ha defendido que la propuesta de ley es «constitucional y legítima» y ha señalado que la figura jurídica de la acusación popular no existe en el resto de países de la Unión Europea (UE). «Tenerla, no tenerla o modificarla son todas opciones perfectamente legítimas. Es una figura que se usa mal, que politiza la Justicia y que da lugar a continuas filtraciones», ha apuntado.
Por su parte, la representante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Diana Riba ha criticado que el debate ha sido ideado por «la derecha y la extrema derecha española» y que se ha tratado de «un soliloquio».
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