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Casi ocho millones de euros, que equivalen a la mitad del presupuesto de inversiones del Ayuntamiento, ha gastado el Gobierno local en consumo eléctrico hasta agosto de 2022. Esta cantidad es un 250% más que en el mismo periodo de 2021. Es por ello por lo que la edil de Hacienda, Esperanza Nieto, prepara un refuerzo de las partidas para cubrir el presumible aumento en este apartado durante 2023.
El Ayuntamiento no solo corre con los gastos que genera el alumbrado en la vía pública. Además, paga el consumo en edificios municipales, como el Palacio Consistorial y el Edificio San Miguel, y también el de las instalaciones deportivas, los locales sociales de su propiedad y las oficinas municipales de información y tramitación administrativa (Omitas).
En los ocho primeros meses de este 2022 ha contabilizado un gasto de 7,7 millones de euros, que supera en más del doble los 3,1 millones del año pasado. La diferencia es la resultante de sumar los 1,87 millones del suministro de media tensión (723.000 euros el año pasado) a los 5,8 millones de baja tensión (2,4 millones en 2021). Durante el mes de septiembre, la factura ha engordado en 1,4 millones, para un total de casi 10.000.000 euros.
«Los ayuntamientos exigimos un fondo extraordinario y que se adelante y aumente la entrega de dinero del Estado ahora que el Ministerio de Hacienda está consiguiendo ingresos inesperados a cuenta de los impuestos al consumo», explicó la alcaldesa Noelia Arroyo. A su juicio, esta entrada de capital por la inflación desbocada de alrededor del 10% en el primer semestre debe ser repartida entre las administraciones locales. «Los Ayuntamientos no podemos detener el funcionamiento de los servicios públicos que prestamos, ni apagar el alumbrado de la vía pública. Al no haber bajado antes los impuestos estatales a la energía, hemos tenido que hacer un mayor desembolso del esperado, que ahora debe ser compensado de manera extraordinaria», indicó la primera edil.
Arroyo anunció antes del verano que prepara un contrato nuevo de suministro en el que elegirá a la empresa suministradora que ofrezca una tarifa más ventajosa. Su objetivo es reducir el riesgo de que nuevos encarecimientos derivados de circunstancias como la invasión de Ucrania, que el Ayuntamiento no puede controlar, causen un nuevo desajuste en las cuentas municipales. El presupuesto del año que viene tendrá que cargar también con un incremento en la partida de personal, derivado del aumento que el gobierno central ha pactado en el sueldo de los funcionarios. Se trata de una subida de 2,5%, que podría ser mayor en función de otros condicionantes. Fuentes municipales indicaron que esto supondrá un sobrecoste de unos 3,8 millones de euros.
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