2027, retos del agua

Necesitamos agua real, tangible, no proyectos utópicos que siempre terminan archivados en las papeleras ministeriales

Sábado, 1 de febrero 2025, 10:21

Estamos en la cuenca hidrográfica del Segura. La cuenca más paradójica de Europa. Con una climatología afectando a sus territorios que la hace única, durante ... un periodo importante del año, para la producción agroalimentaria, pero con unos recursos hídricos insuficientes para desempeñar, sin auxilio del Estado, esa función. El Estado español, en 1933, decidió cambiar el sino de los tiempos promocionando un proyecto consistente en enviar agua a través de un canal desde el Alto Tajo al Segura. Lo que se denominó Acueducto Tajo-Segura. Cuarenta y seis años después, el proyecto se hizo realidad con la llegada, en marzo de 1979, de las primeras aguas solidarias. Los agricultores se afanaron en realizar el encargo hecho por el Estado: trabajar haciendo un uso respetuoso –hasta la excelencia– del recurso prestado. Digo prestado porque fruto del trabajo del sector se retornó a la sociedad española, desde el primer momento, buena parte de esa agua en forma productos alimentarios de primera calidad –imprescindibles para conformar lo que se viene denominando dieta mediterránea–. No solo regresó productos a la nación, también pingües dividendos que fueron a parar a las arcas del Estado vía impuestos directos e indirectos sobre la actividad. Y, por descontado, a través de una elevada tarifa de coste del metro cúbico del agua recibida, que han recepcionado durante décadas las haciendas de las comunidades autónomas ribereñas del Tajo. Tarifa que, dicho sea de paso, no tiene, desde sus orígenes, parangón con la de ninguna otra zona de regadío española ni, por descontado, europea.

El Estado, repito, el Estado, tardó poco en apercibirse de que lo prestado al Levante, agua sobrante, era rentable para las sociedades levantinas pero también para el conjunto del país. La ecuación préstamo-retorno, funcionaba. Tanto es así que, 15 años después del primer trasvase, en el Plan Hidrológico de 1994 –denominado Plan Borrell–se planificó la interconexión de distintas cuencas hidrográficas para vertebrar la riqueza hídrica del país. A dicho Plan, que fracasó por desacuerdos políticos, le sucedieron el Plan Hidrológico Nacional del año 2001 cuya premisa más relevante, a los efectos que nos ocupan, era la de aportar al regadío levantino un importantísimo volumen de agua procedente del Ebro. Dicho Plan fue sustancialmente mutilado –en lo que se refiere a traer agua a las provincias del sureste español–, de un plumazo electoral, y sustituido por el vigente Plan Hidrológico de 2005. En este último, no modificado por las sucesivas legislaturas, se encuentra incrustado el llamado Plan Agua, ideado para dotar de recursos desalados a las áridas tierras alicantinas, murcianas y almerienses, entre otras.

Durante aproximadamente tres cuartos de siglo, el Estado español empleaba un idioma generoso para con la agricultura nacional y expresamente con la levantina. Hablaba de solidaridad, de crecimiento, de empleabilidad... de futuro en definitiva. Todo se rompió en pedazos en ese fatídico año 2005 en el que de nuevo las urgencias electorales primaron sobre el interés general del país. El discurso de la solidaridad desapareció y ya nunca más volvió a escucharse desde la bancada azul del Congreso de los Diputados. 25 años ya.

A partir de ese momento la nota predominante ha sido la debilidad del Estado frente al empuje de ciertas comunidades autónomas en materia hídrica –sobre todo la de Castilla-La Mancha– que reiteradamente asume un rol de actora que, en materia de agua, resulta claramente inconstitucional. Si a esto unimos las urgencias electorales de los dirigentes nacionales –de un signo político u otro– que desde ese año han gobernado el país, ha desembocado –cuando hablamos de gestión del bien agua– en el abandono de viejas ideas de crecimiento, de solidaridad entre regiones y, claro está, entre cuencas hidrográficas españolas, cuya máxima expresión son los trasvases.

El agricultor del Levante, como es fácil imaginar, ante esas melodías que llegaban de Madrid durante décadas y que, con el paso del tiempo, se dio cuenta que no eran otra cosa que cantos de sirena, optó por trabajar, crecer y empeñarse económicamente ante las buenas nuevas que anunciaban la inminente llegada de agua en abundancia. Generación tras generación de familias murcianas, alicantinas y almerienses han seguido este guion al pie de la letra, de un modo inalterable... trabajar, crecer, compromiso económico, trabajar. En pocas palabras, cumplir la parte del trabajo encomendado por el Estado en 1979.

A veces se comenta por parte de la ciudadanía que el sector primario del Levante está con la misma cantinela de siempre al enumerar sus reivindicaciones. Necesitamos el agua prometida. Y está atascado en esa cantinela porque el Estado no ha resuelto lo que durante 75 años prometió resolver. Ha incumplido. Los regantes, las organizaciones agrarias y productoras, transportistas, y en general todas las afectas al sector, han de seguir con esta cantinela que exige recursos para seguir trabajando, creciendo, empeñándose.

Quien ha cambiado su discurso, su cantinela, es el Estado y me refiero a este último de forma repetitiva porque a él en exclusiva está reservado el papel de resolver el problemón que atenaza al Levante históricamente y que empieza a amenazar con extenderse por todo el país... la escasez de agua.

Al contrario, la administración inventa términos como el de autonomía hídrica de las cuencas. Autonomía que no es otra cosa que un eufemismo que permite eludir el principio de solidaridad, plasmado en nuestra Carta Magna, cuya ejecución implicaría nuevas conexiones entre cuencas, nuevos trasvases... nuevas tensiones territoriales, en definitiva. Ese principio de autonomía hídrica, de aplicarse realmente, supondría cortar el cordón umbilical que une en este país a algunos ríos con otros, conllevaría el fin de los aproximadamente 40 trasvases que funcionan en España y, desde luego abocaría al colapso a nuestras regiones.

Los regantes, los agricultores necesitamos recursos y no a cualquier precio y desde luego no dentro de veinte años. En la cuenca del Segura no podemos prescindir de ningún metro cúbico.

Traiga o fabrique el Estado lo que se pretende restar de los recursos de aguas subterráneas. Es justo lo que una transición ecológica justa requiere. Hasta ese momento sólo cabe una moratoria a las intenciones del Plan de cuenca de dejar de extraer hasta el cincuenta por ciento de los recursos que hasta ahora se utilizan de los acuíferos del Segura. En materia de Trasvase, nos alineamos con lo expresado en nuestro Plan de cuenca. No se puede vivir con el recorte político practicado en la planificación del Tajo. Hay que revertirlo.

Los regantes del Levante son el primer eslabón de una gran cadena alimentaria nacional y europea, una agricultura tecnificada y avanzada, que lleva implícitos compromisos comerciales. No puede estar al albur de componendas electorales, de caprichos políticos. Necesitamos agua real, tangible, no proyectos utópicos que siempre terminan archivados en las papeleras ministeriales.

Necesitamos agua, necesitamos seguridad en su recepción.

Y conminamos a las administraciones responsables a retomar el camino de la creación y del desarrollo nacional, del trabajo que mira y apuesta por el futuro. En esa senda nos encontraremos trabajando lealmente siempre. Que así sea.