El Tribunal de Cuentas propone rebajar el tope de gastos electorales de los partidos

El último informe de fiscalización correspondiente a los comicios autonómicos de 2023 –recientemente aprobado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)– plantea que los límites máximos de gastos electorales ordinarios se establezcan en función del censo de votantes en lugar de por la población total, como se hace ahora. Si esta propuesta se pusiera en práctica, significaría reducir en más de 100.000 euros el tope que cada formación política podría invertir en el proceso electoral (publicidad y otros conceptos corrientes), que en la última convocatoria regional de mayo de 2023 estuvo establecido en 398.288 euros, aunque ningún partido lo sobrepasó.

La recomendación del Tribunal de Cuentas implicaría la modificación por parte de la Asamblea Regional del artículo 35 de la Ley Electoral de la Región de Murcia. Este es el que establece que el límite máximo se calcula multiplicando por un coeficiente (que varía en cada proceso en función de la evolución de los precios, siendo en 2023 de 0,26) el número total de habitantes correspondientes a la población de derecho de la Región. Se trataría de cambiar la población total por el censo de electores, cuya cifra es medio millón inferior. Esta medida ya ha sido aconsejada a la Comunidad en anteriores informes de fiscalización, sin que hasta ahora se haya hecho caso.

En esta limitación de desembolsos ordinarios no se computa el dinero invertido en envío de propaganda electoral, que va aparte. En ese sentido, otra propuesta para reducir gastos que realiza el informe del Tribunal de Cuentas a la Comunidad es la contratación centralizada de los sobres y papeletas de votación, «habida cuenta de que los precios facturados a las formaciones políticas resultan considerablemente superiores a los precios unitarios de adjudicación en la contratación realizada por los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, desde el punto de vista del ahorro de recursos públicos y de la sostenibilidad medioambiental».

Del mismo modo, se insta a los partidos «a acreditar la puesta a disposición de los electores de todas las unidades de sobres y papeletas electorales» adquiridas, ya sea mediante «su envío postal o mediante su entrega directa a los votantes en sus sedes o en los actos de la campaña». Igualmente, en el informe de fiscalización se sugiere potenciar la tramitación electrónica del procedimiento de depósito postal de la propaganda electoral, «de forma que se garantice una justificación más segura, eficiente y fácil de comprobar».

En las pasadas elecciones a la Asamblea Regional de 2023, los cinco principales partidos que concurrieron a la cita (PP, PSOE, Vox, Podemos-IU y Ciudadanos) contaron entre todos con un presupuesto total de 1.736.082 euros. El que más recursos dispuso fue el PSOE, con 621.464 euros, de los que más de la mitad llegaron a través de operaciones de endeudamiento. Fue el único que recurrió a los bancos, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas. A su vez, el PSRM fue el que menos fondos declaró recibir del partido.

Los socialistas fueron los que más se acercaron al tope máximo de gastos ordinarios de 398.288 euros, con 312.671 euros (más 295.139 en envíos postales, que como se señaló antes, no entran en este cómputo).

El PP contó con 432.669 euros, la mayoría procedentes de los adelantos de subvenciones de la Asamblea, mientras que realizó gastos ordinarios por importe de 288.449 euros, más 169.034 euros en mandar propaganda.

Por su parte, Podemos, que concurrió en coalición con Izquierda Unida y Alianza Verde, dispuso de 353.842 euros, la mayoría procedentes de las centrales de las respectivas formaciones políticas. De igual modo, invirtió 96.439 euros en gastos corrientes y 202.422 euros en envío de sobres y papeletas.

Vox, por su parte, fue el único que no recibió subvención pública, ya que la pasada legislatura no controlaba su grupo parlamentario en la Asamblea, que quedó en manos de diputados expulsados. Su principal fuente de ingresos fue el partido, que aportó 113.627 euros del total de 122.086 con los que contó. Los de Abascal son los únicos que declaran aportaciones privadas, aunque en una cantidad no demasiado grande (8.459 euros). En cuanto a los gastos, desembolsaron 85.600 euros en cuestiones ordinarias y 41.000 en envíos de propaganda electoral.

A los últimos comicios autonómicos se presentó también Ciudadanos, aunque no consiguió representación en la Asamblea. La formación naranja dispuso de 206.020 euros, la mayor parte aportados por el partido. A su vez, se realizaron gastos comunes por importe total de 148.040 euros, a los que habría que sumar otros 48.547 euros gastados en envíos.